El “Consell Comarcal del Vallès Occidental” pide combatir el aumento de familias con una renta inferior a 6.100 € anuales

El pasado 8 de noviembre, Salvador Obiols, director general de Cáritas Diocesana de Terrassa, y Amèlia de Juan, responsable del Observatorio de la Realidad Social, asistieron a la presentación de dos informes elaborados por el Consejo Comarcal el “Informe 2017 sobre la pobreza y desigualdades en el Vallès Occidental “y el estudio,” Modelos de garantía de Rentas y su implementación en el Vallès Occidental “. Al acto asistió Ignacio Giménez, presidente del “Consell Comarcal del Vallès Occidental”, Alfredo Vega, alcalde de Terrassa, y Pau Marí-Klose, el Alto Comisionado para la Lucha contra pobreza infantil.

La memoria de Cáritas Cataluña, presentada el pasado 31 de octubre, ya denunciaba que la crisis no ha terminado, “ha sido más profunda y más prolongada que las anteriores, y ha golpeado con más fuerza a las personas más vulnerables. Esto sucede porque tener un trabajo ya no garantiza unas condiciones de vida dignas “y” Las condiciones de trabajo de las personas que se insertan siguen siendo tanto o más precarias que durante la crisis “. Ahora, los estudios del Consejo Comarcal ponen de manifiesto que crece el número de hogares que se sustentan con unos ingresos de 6.100 € anuales, un 13,2% del total del territorio.

En la presentación se ha declarado que “A pesar de la mejora de los datos de pobreza, los datos de los diferentes indicadores nos muestran todavía realidades muy preocupantes. Los datos del paro que hemos conocido esta semana a través de la Infoatur del Consejo Comarcal nos constatan que la cifra del paro continúa bajando, estamos en el 11’22% y recuperamos niveles de antes de la crisis. Pero también nos constatan situaciones de precariedad laboral y de salarios bajísimos que hacen que la precariedad se cronifique. La mejora de los datos macroeconómicos no se traslada en una mejora de las situaciones de pobreza de las familias “.

El presidente del Consejo Comarcal ha asegurado que: “las familias con rentas bajas e hijos a cargo son la imagen de la pobreza en nuestra comarca. Los niños son los más castigados por las consecuencias que se derivan de la pobreza. La pobreza de hoy es la pobreza del mañana. Un niño que nace y vive en un entorno de pobreza, fácilmente será un adulto con un alto grado de vulnerabilidad. Nos estamos jugando el presente pero también el futuro “. “Por eso hay que aplicar medidas para luchar contra la pobreza. Una debe ser la aplicación del Salario Mínimo Comarcal y la otra, necesaria, la adecuación del modelo de Renta Garantizada, que pueda dar respuesta a la situación de pobreza y desigualdad. Hemos comprobado como la Renta tal como está planteada ahora no está llegando a todo el que debería llegar “.

Giménez ha añadido: “veníamos de una situación complicada, cuando el año 2011, en plena crudeza de la crisis, se hizo el cambio de criterios en la asignación de los PIRMI, que condenó a los ayuntamientos a aumentar las ayudas de urgencia social. Desde los ayuntamientos hemos destinado recursos de urgencia social en situaciones que no son coyunturales sino estructurales. Estas ayudas se han cronificado. No son extraordinarios sino que los tenemos que seguir dando desde la administración local. La aprobación, en 2017, de la Renta Garantizada supuso un cambio de paradigma, una mejora significativa en relación con la derogada Renta Mínima de Inserción. Pero, un año después de su despliegue, es evidente que está muy lejos de garantizar un ingreso suficiente para el conjunto de la ciudadanía catalana en situación de pobreza “.

El presidente comarcal ha pedido “incorporar mejoras para garantizar un despliegue de la Renta Garantía de Ciudadanía que llegue a toda la población potencialmente perceptora, en base a la cooperación entre todas las administraciones y agentes implicados, incluyendo las del tercer sector”.