No habrá justicia social si no protegemos y ayudamos al más necesitado

Desde Cáritas Diocesana de Terrassa acogemos y trabajamos con las personas en situación de pobreza y necesidad, para que sean protagonistas de su propio desarrollo integral, desde el compromiso de la comunidad cristiana. Incluye la acción social, la sensibilización de la sociedad y la denuncia de las situaciones de injusticia. Y es en este sentido que pedimos políticas sociales que protejan a las personas. Políticas que no permitan que personas en activo no lleguen a fin de mes a pesar de trabajar jornada completa. Y que faciliten la contratación de personas con situación de vulnerabilidad; en 2017 el 58% de los participantes de Cáritas Diocesana de Terrassa en edad laboral se encontraban en paro, haciendo equilibrios en el día a día.

En el día mundial de la justicia social, reflexionamos sobre la situación de muchas familias como consecuencia del tipo de trabajo creado en España, que cinco años después de una teórica recuperación económica sigue marcado por la precariedad y la exclusión. Tal como explica el último análisis de la Fundación FOESSA sobre exclusión estructural e integración social, desde 2014 más del 90% de los contratos registrados son de duración limitada, lo que hace que, junto al incremento de la volatilidad de los contratos temporales, la reducción de la duración, el aumento del encadenamiento de los contratos y de la jornada parcial, nos lleva a un escenario donde “disponer de trabajo no es sinónimo de integración”. Una situación social que se agrava por el elevado número de personas en situación de desempleo (3,3 millones; 47% con más de 1 año en paro) y con más de 1 millón de hogares (1.052. 800) con todos sus miembros activos en paro, según los datos de la encuesta de población activa del 4º trimestre de 2018, realizada por el Instituto Nacional de Estadística.

Desde Cáritas DENUNCIAMOS:

  • La situación de vulnerabilidad que sufren las personas en situación irregular (11%), se encuentran al margen de la mayoría de políticas públicas.
  • A pesar de disponer de rentas de trabajo muchas personas se ven con la necesidad de continuar recibiendo el apoyo de Cáritas debido a los bajos salarios que reciben y la “intermitencia” de los trabajos.
  • Un 61% de los hogares que atendemos tienen DEUDAS, y de éstas el 19% están en situación de sobreendeudamiento.
  • El elevado número de hogares que viven en una vivienda ocupada (10%) ven vulnerados sus derechos en relación con la vivienda y el riesgo que supone para las personas que viven en condiciones de indignidad.

Desde Cáritas PEDIMOS:

  • Como sociedad aprendamos que los DEUDAS pueden PERDONAR para que las personas puedan volver a empezar y mejorar su situación.
  • Desarrollar políticas públicas junto con normativas específicas para promocionar y hacer seguimiento de la ACCESO A VIVIENDA SOCIAL de alquiler (o de otras fórmulas distintas de la propiedad) por parte de la población más vulnerable y excluida.
  • Una Renta Garantizada de Ciudadanía que sea un DERECHO Y NO CONDICIONADA a itinerarios laborales, compatible con el trabajo en rentas bajas. Y desarrollar políticas públicas que promuevan una EMPLEO DE CALIDAD con salarios dignos.
  • Políticas públicas para personas que se ven obligadas a irse de sus países de manera forzosa, ya sea por conflictos o por motivos económicos, donde el acogimiento sea una apuesta por la humanidad, donde desde la acogida y la integración se incida en el cambio de estereotipos o se combatan los discursos xenófobos.